Los datos son a diciembre de 2016 y fueron obtenidos a raíz de un pedido del diputado Conrado Rodríguez.
"Se
abrió la canilla de dar pensiones especiales, algunas de ellas que no
tienen asidero y provocaron una agujero negro en el BPS", afirmó el
legislador.
La reparación para víctimas de la dictadura fue
aprobada en 2006. está orientada a trabajadores del sector privado que
hayan sufrido despidos, exilio, clandestinidad , o haber sido detenidos
por su actividad sindical entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de
febrero de 1985.
En el artículo 8° se estabece la posibilidad de
acceder a una jubilación especial a aquellas personas con 60 años
cumplidos y al menos 10 años de servicio. ese beneficio fue fijado en
unos 15.392 pesos actuales, es decir 5 Bases de Prestaciones y
Constribuciones (BPC).
El artículo 11 indica que las personas que
fueron detenidas y procesadas por la justicia militar o civil entre el 9
de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985 tendrán derecho a una
pensión especial reparatoria equivalente a 8.5 BPC, es decir 32.708
pesos.
No tienen derecho a esta prestación quienes ya tengan
pensión, jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad
parcial.
En caso de fallecer el titular, recibirá la pensión alguno de sus familiares directos.
El
Estado debe hacer frente a los daños que el propio Estado puede causar.
El BPS ha pagado también 1,5 millones de dólares a victimas de
violencia.
Unos 973.953 dólares fueron a personas que sufrieron
delitos violentos y 574.563 a quienes sufrieron violencia doméstica.
este dato surgió del mismo pedido del diputado Conrado Rodríguez.
El
pago de las pensiones especiales se hace a partir de la ley 19.039. El
beneficio es de seis Bases de Contribuciones y Prestaciones, es decir
23.088 pesos al valor actual.
JUSTO AHORA
La información se conoce justo cuando el Parlamento debate sobre un proyecto de ley de sitios de memoria del pasado reciente.
La discusión terminó a los gritos entre las diputadas Graciela Bianchi (Partido Nacional) y Manuela Mutti (MPP).
El proyecto del Ejecutivo fue aprobado por unanimidad en el Senado, pero encuentra oposición en Diputados.
El
proyecto de ley reconoce a las víctimas de terrorismo o accionar
ilegítimo del Estado que sufrieron violaciones a sus derechos humanos
por motivos políticos, ideológicos o gremiales desde 1968 hasta el 28 de
febrero de 1985.
Blancos y colorados plantearon dos
modificaciones: incluir en el memorial a las víctimas abatidas por los
tupamaros, como civiles, policías y militares, y cambiar la fecha de
1968 a 1973 por considerar que entre esos años había un gobierno
democrático.
Para la oposición, por ejemplo, los tupamaros deben
pedir perdón por la muerte del peón rural Pascasio Báez en 1971. Ese
trágico episodio ocurrió antes del período histórico convenido por el
oficialismo.
La diputada nacionalusta Graciela Bianchi pidió "incluir a todas las víctimas del terrorismo de Estado" dentro del proyecto.
Mutti se enojó con Bianchi porque la legisladora opositora afirmó que tupamaros habían torturado y no solo los militares.
La discusión es reconstruida este jueves por El País.
"¡No hay fundamentos para decir eso. Es mentira!", respondió Mutti visiblemente afectada.
La diputada del MPP integra el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y su padre fue preso político por 13 años
Bianchi acotó que "hay una biblioteca entera de pruebas".
Fuente https://www.subrayado.com.uy/bps-pago-60-millones-dolares-5700-personas-afectadas-la-dictadura-n503928